En medio de negociaciones internas en el Congreso argentino por cargos institucionales estratégicos, dirigentes legislativos y gobernadores comenzaron a expresar preocupación por movimientos políticos que involucran a Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y referente del Frente de Todos, en negociaciones con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para la distribución de cargos en organismos de control y, posiblemente, para future acuerdos en torno a la Corte Suprema de Justicia.

El eje de la inquietud gira en torno a la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo con poder de control sobre la gestión pública. En una sesión nocturna que generó polémica política, los nombres de quienes ocuparían esos cargos fueron negociados entre representantes del peronismo kirchnerista y Menem, con fuertes repercusiones internas en el oficialismo y la oposición por el modo en que se aprobaron las designaciones.

Según fuentes parlamentarias, la estrategia detrás de estas negociaciones pasa por **avanzar en la conformación de estructuras de poder que puedan ser clave no sólo en la AGN, sino también en otros órganos vinculados con la designación de jueces federales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa posibilidad de avanzar en un “pacto por la Corte”, como lo describen algunos legisladores, ha activado alertas entre sectores partidarios y gobernadores provinciales que se sienten marginados de esas decisiones internas.

La preocupación radica en que, si bien las negociaciones por la AGN fueron públicas y terminaron con la designación de varios auditores tras una votación que sorprendió por la madrugada, varios actores creen que esos movimientos podrían ser un anticipo de futuros acuerdos sobre los pliegos judiciales que deben tratarse cuando el Senado retome sesiones ordinarias. Aunque no hay confirmación oficial sobre los nombres ni fechas de esos pliegos, la negociación es interpretada por algunos como un intento de influir en la integración del máximo tribunal del país, lo cual tiene implicancias profundas sobre el equilibrio institucional y la relación entre poderes.

El malestar no se limita al oficialismo kirchnerista ni al bloque del propio Menem: gobernadores peronistas de distintas provincias expresaron su descontento ante la percepción de que algunos sectores centrales dentro del peronismo están actuando sin consenso amplio ni diálogo previo con otras provincias o con dirigentes clave del espacio. En chats internos y reuniones informales, varios referentes provinciales calificaron las designaciones de la AGN como “cerradas entre pocos” y advirtieron que esa lógica podría replicarse en otros ámbitos de alta relevancia institucional si no se modifica la forma de acordar.

Por su parte, sectores de la oposición han interpretado estos movimientos como una señal de que se buscan consolidar influencias cruzadas entre bloques parlamentarios para asegurar acuerdos futuros en temas sensibles, como por ejemplo la renovación de miembros de la Corte Suprema y otros tribunales federales, lo que suele requerir quórum y votos propios de negociaciones amplias. Estos sectores han cuestionado que los acuerdos internos con Menem se traduzcan en un “pacto político” tácito que limite la independencia de decisiones clave dentro del Poder Judicial y del sistema de control institucional.

Hasta el momento, no existe una confirmación formal de un pacto cerrado en torno a la Corte Suprema, ni de pliegos ya definidos para su tratamiento en el Parlamento. Sin embargo, las señales políticas internas y los intercambios de cargos en organismos claves han encendido alertas entre legisladores y gobernadores, que ya hablan de la necesidad de mayores espacios de diálogo y consenso antes de asumir posiciones que puedan condicionar decisiones futuras sobre el Poder Judicial y otros ámbitos de la institucionalidad argentina.