La discusión sobre el modelo de desarrollo minero y la política de atracción de inversiones volvió a instalarse en La Rioja luego de que dirigentes provinciales ratificaran su rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional. Desde distintos sectores del oficialismo provincial insisten en que la provincia debe avanzar hacia la creación de un esquema propio que permita promover proyectos estratégicos sin resignar la participación de empresas y proveedores locales.

La postura fue reiterada por el diputado provincial Luis Rojo, quien cuestionó los efectos que, a su entender, está generando el régimen nacional en otras provincias mineras. El legislador sostuvo que la experiencia de San Juan demuestra la necesidad de establecer mecanismos que garanticen una mayor integración de la economía regional y eviten que las inversiones terminen concentrándose en compañías extranjeras sin generar un impacto significativo en las cadenas productivas locales.

Uno de los ejemplos mencionados por el dirigente fue el desarrollo del distrito minero Vicuña, donde parte de las obras vinculadas a la infraestructura de los proyectos fueron adjudicadas a firmas con participación china. Para el oficialismo riojano, esa situación refleja algunas de las limitaciones del régimen promovido por la Casa Rosada y refuerza la necesidad de diseñar herramientas adaptadas a las características productivas de la provincia.

La posición del Gobierno de Ricardo Quintela sobre el RIGI no es nueva. Desde el debate de la Ley Bases, la administración provincial mantuvo una postura crítica frente al régimen de beneficios fiscales y aduaneros para grandes inversiones, argumentando que el esquema favorece un modelo extractivo que no garantiza la generación de valor agregado ni el fortalecimiento de las economías regionales.

En este contexto, el oficialismo provincial sostiene que La Rioja debe construir una alternativa propia que contemple incentivos para las inversiones, pero que al mismo tiempo establezca condiciones destinadas a favorecer a las empresas riojanas y a promover la contratación de mano de obra local. La intención es evitar que los grandes proyectos funcionen como enclaves aislados y garantizar una mayor participación de los distintos actores económicos de la provincia.

La discusión adquiere especial relevancia debido al potencial minero que posee La Rioja, particularmente en las zonas cordilleranas del oeste provincial. Desde hace varios años, distintos estudios geológicos y proyectos de exploración colocan a la provincia dentro de las regiones con perspectivas de desarrollo en minerales estratégicos, lo que convierte al debate sobre el marco regulatorio en una cuestión central para el futuro económico local.

Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa defendiendo el RIGI como una herramienta fundamental para captar inversiones de gran escala y consolidar sectores como la minería, la energía y la infraestructura. La administración de Javier Milei sostiene que la estabilidad fiscal y las garantías otorgadas por el régimen son necesarias para atraer capitales internacionales y posicionar a la Argentina como un destino competitivo en el mercado global.

Las diferencias entre la Casa Rosada y el Gobierno riojano reflejan, además, un choque de visiones sobre el papel del Estado y el modelo de desarrollo. Mientras el oficialismo nacional promueve una mayor apertura y una menor intervención estatal, desde La Rioja se defiende la idea de un esquema con mayor presencia provincial y con mecanismos destinados a asegurar beneficios directos para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

La negativa a adherir al RIGI también se inscribe dentro del complejo vínculo político que mantienen Ricardo Quintela y Javier Milei. La relación entre ambas administraciones se encuentra marcada por fuertes diferencias en materia económica y por las disputas vinculadas a la distribución de recursos federales, situación que profundizó la distancia entre la provincia y la Casa Rosada durante los últimos meses.

En paralelo, el oficialismo provincial trabaja en distintas iniciativas vinculadas al desarrollo minero y al fortalecimiento de proveedores locales, con el objetivo de sentar las bases para un futuro régimen de inversiones propio. La apuesta apunta a combinar la llegada de capitales con una estrategia que priorice la participación de empresas riojanas y el crecimiento de las economías regionales.

El debate sobre el RIGI y las alternativas provinciales promete continuar ocupando un lugar central en la agenda política y económica de La Rioja. La definición sobre qué modelo adoptar será clave para determinar el papel que la provincia buscará desempeñar en la nueva etapa de expansión minera que atraviesa el país y en la forma en que se distribuirán los beneficios derivados de esas inversiones.