El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó una serie de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. La documentación incorpora cambios significativos en la composición patrimonial del funcionario y de su entorno familiar, incluyendo ganancias por 513.000 dólares vinculadas a inversiones realizadas en Bitcoin.

La presentación se produjo luego de varias semanas de expectativa y en un contexto de creciente presión política sobre uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei. Según explicaron desde la Jefatura de Gabinete, la reconstrucción patrimonial abarca movimientos financieros, operaciones inmobiliarias, bienes heredados y activos acumulados antes del ingreso de Adorni a la administración nacional.

La principal novedad de la documentación es la incorporación de aproximadamente 513.000 dólares provenientes de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. De acuerdo con la explicación oficial, tanto Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, habrían invertido inicialmente alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas, obteniendo posteriormente una valorización que elevó el capital hasta el monto actualmente declarado.

Las autoridades sostienen que las operaciones efectuadas durante aquellos años pueden ser verificadas mediante las claves asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para las transacciones. Esa documentación forma parte de los elementos presentados ante los organismos de control con el objetivo de respaldar el origen de los fondos y justificar el crecimiento patrimonial experimentado por la familia.

La revisión también alcanza las declaraciones impositivas realizadas desde 2020 y comprende modificaciones vinculadas a la situación patrimonial de Angeletti. Desde el entorno del funcionario destacan que la esposa del jefe de Gabinete desarrolló durante más de quince años actividades gerenciales en el sector privado y que esos antecedentes fueron incorporados al proceso de reconstrucción patrimonial.

La presentación se produce mientras avanzan dos expedientes judiciales radicados en los tribunales federales de Comodoro Py. Las investigaciones están a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan la evolución patrimonial del funcionario y la trazabilidad de diversas operaciones económicas realizadas en los últimos años.

En declaraciones posteriores a la presentación, Adorni reconoció que gran parte de esos ahorros permanecieron fuera de los registros oficiales durante años y aseguró que esa situación era una práctica frecuente entre muchos argentinos. El funcionario sostuvo que decidió regularizar completamente su situación patrimonial a partir de las recomendaciones de sus asesores legales y afirmó que abonará las obligaciones tributarias que correspondan como consecuencia de las rectificaciones efectuadas.

Desde la Casa Rosada respaldaron las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete y sostienen que todos los bienes incorporados a las nuevas declaraciones tienen origen anterior a su ingreso a la función pública. El oficialismo considera que la documentación presentada permitirá despejar las sospechas y demostrar la legalidad del patrimonio familiar.

Sin embargo, la situación generó fuertes cuestionamientos desde sectores opositores, que señalan las inconsistencias existentes entre declaraciones previas del funcionario y las recientes rectificaciones patrimoniales. Algunos dirigentes también cuestionan el uso del régimen de «inocencia fiscal», impulsado por el propio Gobierno, como mecanismo para regularizar activos no declarados.

El caso adquiere una dimensión política especial debido a la relevancia de Adorni dentro del gabinete nacional. Además de ser una de las figuras más visibles del oficialismo, el actual jefe de Gabinete se convirtió en uno de los principales voceros de las políticas de transparencia y austeridad promovidas por la administración de Javier Milei.

La evolución de las investigaciones judiciales y el análisis de la documentación presentada serán determinantes para establecer si las explicaciones ofrecidas por el funcionario resultan suficientes para disipar las dudas sobre el origen de su patrimonio. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones políticas y alimenta un nuevo foco de tensión para el Gobierno nacional en un momento de alta sensibilidad institucional.