Un despliegue desproporcionado de fuerzas federales reprimió una protesta pacífica frente al Congreso por la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad vetada por Milei. Adultos mayores y organizaciones sociales enfrentaron empujones, gases y detenciones arbitrarias.
¿Qué ocurrió?
- La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó un operativo policial masivo —con efectivos de Policía Federal y Gendarmería— durante una marcha contra el veto a la emergencia en discapacidad, que reunió a personas con discapacidad, familiares, sindicatos y defensores de derechos humanos.
- Los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, fueron abruptamente desplazados con empujones y bloqueos en las inmediaciones del Congreso.
Violencia institucional y consecuencias
- Testigos documentaron el uso indiscriminado de postas de goma a corta distancia, gases lacrimógenos lanzados sobre rostros, agua a presión y golpes con tonfas y escudos.
- Se reportaron al menos 124 detenciones, muchas sin justificación legal clara, y alrededor de 46 personas heridas, algunas de gravedad. Entre los gravemente afectados estuvo el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo.
Contexto más amplio
- En lo que va del primer semestre de 2025, más de la mitad de las protestas sociales fueron reprimidas, en comparación con apenas 3 de cada 10 en 2024, según la Comisión Provincial por la Memori.
- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció estos hechos ante la ONU y la CIDH, describiéndolos como un patrón sistemático de represión, especialmente contra sectores vulnerables.
- Bullrich calificó a los manifestantes como parte de “militancia kirchnerista” destinada a desestabilizar el país y anunció un proyecto de Ley Antibarras para endurecer penas contra “barras bravas” que participen en este tipo de movilizaciones.
En resumen
La protesta frente al Congreso por el veto a la emergencia en discapacidad fue respondida con un operativo desmesurado ordenado por Patricia Bullrich: muchas personas resultaron heridas, hubo detenciones arbitrarias y una violencia institucional cada vez más frecuente hacia movilizaciones sociales. El caso ya ha sido denunciado en organismos internacionales y abre una profunda crisis sobre el uso de la fuerza frente a la protesta ciudadana.
