La Justicia federal puso bajo análisis una millonaria licitación impulsada por el área que conduce Karina Milei destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta presidencial de Olivos. El contrato cuestionado ronda los 700 millones de pesos y quedó temporalmente frenado mientras avanza una investigación preliminar judicial.
El fiscal federal Ramiro González solicitó al Gobierno nacional que entregue el expediente completo de la licitación antes de definir si corresponde abrir formalmente una causa penal. La medida apunta a revisar el procedimiento administrativo y determinar si existieron irregularidades en el proceso de contratación.
La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, quien cuestionó la transparencia del proceso licitatorio impulsado desde la Secretaría General de la Presidencia.
Uno de los principales puntos bajo investigación está relacionado con las empresas oferentes. Según se indicó en la presentación judicial, las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA pertenecerían al mismo grupo económico, situación que podría haber generado una “apariencia ficticia de competencia” dentro de la licitación.
El fiscal tomó en consideración un dictamen previo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que señalaba vínculos empresariales entre ambas compañías participantes del proceso. La sospecha es que la supuesta competencia entre oferentes no habría sido real.
La investigación preliminar analiza posibles delitos vinculados a fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La licitación cuestionada corresponde al expediente identificado como “23-0005-LPU26” y había sido convocada para contratar tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego en los jardines de la residencia presidencial y de la sede del Poder Ejecutivo nacional.
El caso genera fuerte impacto político debido a que involucra directamente al entorno más cercano del presidente Javier Milei, en un contexto marcado además por crecientes tensiones internas dentro del oficialismo y distintas polémicas relacionadas con funcionarios del Gobierno nacional.
Hasta el momento, desde la Casa Rosada no hubo una respuesta oficial detallada sobre el avance judicial ni sobre los cuestionamientos vinculados al proceso licitatorio. Mientras tanto, la Justicia continuará analizando la documentación requerida para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal.
