El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación judicial contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y posibles inconsistencias patrimoniales vinculadas a la cancelación de una deuda millonaria.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó un supuesto incremento patrimonial no justificado de Francisco Adorni desde su ingreso a funciones dentro del Estado nacional.
Según la denuncia, uno de los principales puntos bajo investigación es la cancelación en un corto período de tiempo de un crédito hipotecario de aproximadamente 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia. La fiscalía busca determinar cómo se realizó el pago de esa deuda y si existieron ingresos compatibles con esa operación financiera.
Marijuán solicitó una amplia batería de medidas de prueba, incluyendo información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario. También pidió datos al Banco Central, ARCA, la Inspección General de Justicia y al Banco Provincia sobre movimientos financieros, cuentas, bienes, transferencias y eventuales vínculos societarios.
En el dictamen fiscal se señala que la investigación apunta a esclarecer un posible “incremento patrimonial no justificado” ocurrido desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni comenzó a desempeñar funciones dentro del Ejecutivo nacional.
De acuerdo con la información difundida, en su declaración jurada de 2024 el funcionario habría informado bienes por alrededor de 43 millones de pesos, incluyendo parte de una vivienda en City Bell y un vehículo. Posteriormente, en la declaración correspondiente a 2025, el patrimonio declarado habría ascendido a más de 80 millones de pesos.
La denuncia también menciona la incorporación de nuevos bienes, entre ellos parte de una camioneta Jeep Renegade modelo 2020, además de la cancelación anticipada del crédito hipotecario que ahora quedó bajo análisis judicial.
Actualmente, Francisco Adorni ocupa cargos vinculados a la estructura estatal nacional. Durante el gobierno libertario se desempeñó en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La imputación no implica una condena ni determina culpabilidad, pero sí habilita formalmente el avance de la investigación judicial y la recolección de pruebas para determinar si existieron irregularidades patrimoniales o posibles maniobras de lavado de activos.
Hasta el momento, ni Francisco Adorni ni el entorno cercano de Manuel Adorni realizaron declaraciones públicas detalladas sobre el avance de la causa judicial.
