Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló que un avión privado vinculado al entorno del presidente Javier Milei ingresó al país el 26 de febrero con 10 valijas que no pasaron por controles aduaneros ni migratorios en Aeroparque. El episodio refuerza sospechas sobre el trato preferencial hacia figuras cercanas al Gobierno.

Detalles de la maniobra

• La aeronave, un Bombardier Global 5000 propiedad de la firma del empresario Leonardo Scatturice, aterrizó con la tripulación y dos pasajeros: uno de ellos, Laura Belén Arrieta, gerente de OCP Tech e integrante del comité organizador de CPAC Buenos Aires. En las imágenes de seguridad se observan al menos 10 valijas, aunque solo cinco fueron declaradas oficialmente.
• El dictamen señala que los pasajeros y equipaje fueron derivados con intencionalidad directa, sin pasar por escáner ni revisión de rutina, a pesar de que los equipos estaban operativos y no había congestión.
• En un momento captado por las cámaras, Arrieta le entrega un celular a una agente de Aduana, quien responde con un gesto de aprobación. Además, dos valijas quedaron en el avión como “equipaje en tránsito”, sin identificación de dueño.

Contradicciones oficiales

• El vocero presidencial Manuel Adorni y una comunicación de la Aduana aseguraron que se cumplieron todos los controles de rutina y que no hubo irregularidades.
• Sin embargo, el informe de la PIA, basado en registros administrativos, cámaras y testimonios, contradice esa versión y califica las omisiones como acciones deliberadas.

Repercusiones institucionales

• La denuncia fue amplificada por el periodista Carlos Pagni y respaldada por la Coalición Cívica-ARI. El diputado Maximiliano Ferraro, de ese espacio, expresó que se ocultó información para “tapar el escándalo”.
• La PIA solicitó identificar a la agente de Aduana involucrada, los funcionarios que autorizaron el trato diferencial y los vehículos que extracurricularmente ingresaron al avión durante la operación.

¿Qué se investiga ahora?

• Se analiza si existió una orden superior externa que influyó en el desvío de controles.
• También están bajo revisión las inconsistencias en la documentación del vuelo —que en los registros figuraba proveniente de Fort Lauderdale, cuando se cree salió de Opa-Locka— y la falta de ingreso a registros de la ANAC.

En resumen

El episodio expone fallas estructurales en los sistemas de control aeroportuario, pero, sobre todo, plantea preguntas sobre transparencia y trato institucional en operativos vinculados al poder. El cruce entre las versiones oficiales y los hallazgos de la PIA pone en evidencia una tensión institucional que podría derivar en sanciones o reformas regulatorias.