La Procuración General estableció que los reclamos del Estado nacional, por más de $169 millones, deben tramitarse en la Corte Suprema. Se trata de convenios incumplidos para obras en terminales de ómnibus, con jurisdicción originaria en el máximo tribunal, según el dictamen legal.

Reclamos oficiales y alcance financiero

• Las demandas presentadas por la Nación buscan exigirle a la provincia de La Rioja el cumplimiento de acuerdos firmados para la construcción o reparación de terminales de micros.
• El monto total en cuestión supera los $169 millones, distribuidos en tres causas distintas, según los dictámenes emitidos por la Procuración.

Competencia judicial exclusiva

• Los dictámenes aclaran que, por tratarse de una controversia entre el Estado federal y una provincia, la Corte Suprema es la única instancia con jurisdicción desde su inicio, en línea con los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.
• Se destaca que no corresponde derivar el caso a tribunales inferiores, ya que implica un litigio en que una parte es el Estado nacional y la otra una provincia con autonomía.

Implicancias institucionales

• Al definir a la Corte Suprema como el foro competente, el Estado nacional busca acelerar el proceso judicial y evitar dilaciones en instancias inferiores.
• De avanzar, el tribunal deberá analizar en primera instancia si hubo incumplimiento y determinar eventuales compensaciones económicas —con impacto directo en el presupuesto provincial.

En resumen

La Procuración General marcó un hito judicial: los reclamos millonarios por obras públicas en La Rioja se dirimirán directamente en la Corte Suprema. La medida implica un planteo institucional de fondo entre Nación y provincia, con relevancia sobre el respeto a los acuerdos y la autonomía provincial. El escenario ahora depende de la agenda y el ritmo del máximo tribunal.