La firma de seguridad Tech Security SRL, previamente propiedad de Martín Menem —hoy liberada formalmente en manos de sus hermanos— fue preadjudicada con un contrato por casi $4.000 millones para custodiar edificios clave del Banco Nación. La adjudicación disparó críticas por posibles conflictos de interés y falta de transparencia.

Detalles del contrato

• Tech Security SRL resultó preadjudicada por $3.933.026.507,98 para brindar servicios de seguridad durante 24 meses —con opción a dos prórrogas— en sedes como la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, las oficinas de funcionarios y Aeroparque Jorge Newbery.
• La otra empresa preseleccionada, Briefing Security SA, presentó una oferta significativamente menor: $237 millones.

Vínculos con la familia Menem y cuestionamientos

• Aunque Martín Menem vendió sus acciones en diciembre de 2023 al asumir como presidente de la Cámara de Diputados, la empresa sigue administrada por sus hermanos Fernando Nicolás y Eduardo Adrián Menem.
• La adjudicación reavivó críticas sobre un regreso de prácticas asociadas a los noventa. El periodista Manu Jové habló de un “revivir de la corrupción menemista”.

Reacciones y dudas

• El contrato fue publicado en el Boletín Oficial, pero ya generó sospechas de direccionamiento a favor de una compañía ligada al poder político, especialmente en contraste con otras propuestas más económicas.
• Tech Security ya gestionaba contratos millonarios con otros organismos estatales y privados, incluyendo la seguridad de eventos del expresidente Javier Milei en el Luna Park, lo que profundiza el debate sobre la continuidad de negocios por vinculación política.

En síntesis

El Banco Nación adjudicó a Tech Security SRL un contrato por casi $4.000 millones para servicios de custodia en sedes estratégicas, lo que provocó una fuerte reacción política y mediática. Aunque la firma ya no está a nombre de Martín Menem, su relación familiar con el presidente de la Cámara Baja reaviva dudas sobre conflicto de intereses y criterios de transparencia en licitaciones públicas. La adjudicación coincide además con un contexto de ajustes en servicios públicos, mientras empresas vinculadas al entorno del poder aumentan su presencia en el Estado.