Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desató un debate necesario al cuestionar duramente la idea de una supuesta «industria del juicio» y resaltar el rol fundamental del fuero laboral en la protección de derechos dentro del ámbito laboral.
Datos que refutan el mito
Gil Lavedra expuso cifras contundentes para desmentir mitos sobre la litigiosidad laboral. Entre 2014 y 2023, se emitieron 257.000 sentencias definitivas en la Justicia Nacional del Trabajo—cifra que promedia 25.700 resoluciones por año. Si se contrasta esa cifra con la población ocupada del AMBA, estimada en 5 millones, representa apenas el 0,5 % anual de la fuerza laboral.
Adicionalmente, el especialista destacó que «la mayoría de los conflictos laborales no llegan a juicio», y que la litigiosidad se mantuvo estable incluso en contextos adversos donde hubo caída del empleo, crecimiento del subempleo y aumento del trabajo informal.
Justicia laboral como garantía
El ex camarista calificó al fuero laboral como una herramienta vital ante la desigual relación entre trabajador y empleador: fue creado para equilibrar esa disparidad dentro del marco del estado de derecho.
Gil Lavedra remarcó que los laboralistas no hacen las leyes, sino que las aplican, asegurando el acceso a la justicia y contribuyendo a la paz social y la legalidad laboral.
Responsabilidades reales detrás de los juicios
El dirigente también puntualizó que casi todos los reclamos por accidentes laborales se dirigen contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), no contra los empleadores directamente. Esto señala que el sistema de seguros mitiga el peso económico sobre las empresas.
Además, criticó la actual lentitud de los procesos laborales, advirtiendo que esta demora distorsiona los cálculos de reparación en un contexto de inflación e inestabilidad. Y subrayó que no puede atribuirse responsabilidad a abogados ni jueces, sino a las autoridades políticas, que tienen el deber de promulgar reformas y cubrir vacantes para garantizar un sistema más ágil y accesible.
Contexto actual: una defensa necesaria
Las declaraciones de Gil Lavedra responden al debate político desatado tras informes recientes sobre un aumento de la litigiosidad laboral. Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) reportó 126.700 nuevos juicios iniciados entre junio de 2024 y mayo de 2025, con un costo económico estimado en más de 2 billones de pesos Incluso, el número proyectado para 2025 ascendía a 130.000 demandas, lo que generó alertas sobre un impacto negativo en el empleo y la inversión
