El descubrimiento de 470 kilos de cocaína en el puerto operado por el Grupo Vicentin, en la localidad santafesina de San Lorenzo, ha destapado una red de tráfico que, según declaraciones judiciales, opera con frecuencia y sin obstáculos en la zona portuaria. El cocinero filipino del buque MV Ceci, convertido en imputado colaborador, declaró bajo juramento que fue contactado por una organización que opera habitualmente en San Lorenzo. “Hacemos esto dos o tres veces por mes”, le aseguraron sus interlocutores para convencerlo de que no había riesgos. “Relax”, fue la palabra que más le repitieron.

Este hallazgo no fue producto de una investigación de inteligencia ni de un operativo de control estatal, sino del olfato del capitán del buque que notó algo fuera de lugar en una cámara frigorífica. Las desregulaciones impulsadas por el Gobierno Nacional, como el Decreto 37/2025 que eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques, han debilitado la capacidad de control sobre lo que entra y sale de los puertos. La falta de serenos y la insuficiencia de cámaras de seguridad han facilitado la operación del narcotráfico en la zona.

Además, la Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.

Este nuevo escándalo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas.