La jueza laboral Moira Fullana dictó una medida cautelar que suspende provisionalmente los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, emitido por el presidente Javier Milei. Este decreto buscaba ampliar la lista de actividades consideradas esenciales, exigiendo la prestación de servicios mínimos del 75% en sectores como salud, educación, transporte y telecomunicaciones, lo que, según la Confederación General del Trabajo (CGT), restringía el derecho constitucional a la huelga.

La CGT presentó un recurso de amparo argumentando que el decreto violaba la libertad sindical y el principio de división de poderes, al modificar el régimen legal de la huelga sin pasar por el Congreso. La jueza Fullana reafirmó la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para tratar el caso y destacó que la norma podría conculcar derechos derivados de la libertad sindical, protegidos por la Constitución Nacional y convenios internacionales.

El Gobierno ha anunciado que apelará la decisión judicial, mientras que la CGT considera el fallo como una victoria en la defensa de los derechos laborales. La medida cautelar estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del decreto.