Denuncias recientes señalan que el gobierno de Javier Milei estaría replicando esquemas de recaudación paralela en organismos como la ANSES, similares a los ya denunciados en el PAMI. Estas prácticas incluyen presiones a funcionarios para realizar aportes económicos al partido La Libertad Avanza (LLA), desplazamiento de empleados que se niegan a colaborar y designaciones de allegados en cargos clave, contradiciendo el discurso anticorrupción del oficialismo.

Un caso emblemático es el de la sede de ANSES en Wilde, Avellaneda, donde el director Martín Irrazabal fue removido sin justificación oficial. Irrazabal, reconocido por su compromiso con los sectores más vulnerables, habría sido presionado para realizar aportes económicos a «la causa libertaria» a través de pagos por Mercado Pago. Este mecanismo de recaudación estaría vinculado al concejal Arnaldo “Peppo” Díaz y al funcionario Cristian Frattini, con el aval del barrabrava Fabricio Martínez.

Además, se habría organizado una reunión reservada con directores de distintas sedes para comunicar nuevas directivas irregulares, apuntando especialmente a los abogados que gestionan jubilaciones y otros trámites ante las oficinas de ANSES. Estas prácticas han generado preocupación y críticas, ya que replican esquemas clientelares que el gobierno prometió erradicar.