El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciaron una profunda reforma en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a convertirla en una fuerza especializada en la investigación de delitos complejos, siguiendo el modelo del FBI estadounidense.

Mediante el Decreto 383/2025, se creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), encargado de coordinar y ejecutar investigaciones sobre delitos federales como el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos transnacionales. El DFI también será responsable de elaborar un mapa criminal actualizado del país y de capacitar y reclutar profesionales universitarios en diversas áreas.

La reforma también establece cambios en la estructura de la PFA, como la reducción de superintendencias de 11 a 6 y de direcciones generales de 40 a 15. Además, se implementará un único escalafón jerárquico, eliminando la distinción entre oficiales y suboficiales, con rangos que van desde subayudante hasta comisario general.

Una de las medidas más controvertidas es la habilitación para que la PFA realice ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial previa, lo que ha generado preocupación en sectores que defienden la privacidad y los derechos civiles.

La nueva estructura de la PFA también incluye la creación de dos áreas clave: el Proyecto Central de Investigaciones y Operaciones Federales, y el Proyecto Central de Coordinación Federal. Estas divisiones buscan centralizar y optimizar las operaciones estratégicas en el marco del nuevo modelo de la fuerza.

La reforma busca dotar a la PFA de mayor autonomía y eficiencia en la lucha contra el crimen organizado, pero también plantea desafíos en términos de control y supervisión de sus nuevas facultades.