El gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, exige al Estado Nacional el pago de US$864 millones correspondientes a fondos de coparticipación adeudados desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025. La provincia no adhirió al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas establecido por el Decreto PEN N.º 969/24 en noviembre de 2024, lo que ha generado tensiones en las negociaciones con el Ministerio de Economía.
Además de La Rioja, otras provincias como Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe también reclaman deudas significativas al gobierno nacional, sumando un total de más de US$9.000 millones. Si se incluyen los reclamos de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos, el monto asciende a US$16.258 millones. Sin embargo, el gobierno nacional no reconoce la totalidad de estas cifras, lo que ha generado un clima de incertidumbre y malestar entre las provincias afectadas.
En el caso de Buenos Aires, la deuda reclamada es de $7,8 billones, equivalentes a aproximadamente US$7.000 millones al tipo de cambio oficial. Esta suma incluye $5 billones por obras públicas nacionales paralizadas y $2 billones por pasivos directos relacionados con transferencias de ANSES, fondos educativos, de transporte y salud. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige US$6.000 millones por la devolución de fondos recortados por coparticipación entre septiembre de 2020 y septiembre de 2023, período en el cual la Corte Suprema ordenó restituir parcialmente los recursos. Santa Fe, por su parte, reclama $1,1 billones (unos US$970 millones) por aportes no realizados de ANSES, obras inconclusas y alojamiento de detenidos federales. Santiago del Estero y La Pampa también presentan reclamos por montos significativos, aunque con diferencias en la adhesión al régimen de compensación propuesto por Nación.
