Por primera vez desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, los 24 gobernadores —tanto oficialistas como opositores— acordaron unificar reclamos para exigir fondos retenidos y cambios en la distribución fiscal. La presión crece en medio de una severa crisis de ingresos.

En un hecho político de alto voltaje, las 24 provincias argentinas acordaron impulsar de forma conjunta un proyecto de ley para eliminar dos fondos fiduciarios vinculados al impuesto a los combustibles y exigir el reparto equitativo del remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión marca un punto de inflexión: por primera vez, incluso los gobernadores más cercanos a Javier Milei se alinearon con los más críticos para reclamar por recursos que consideran propios y urgentes.

Según los mandatarios, esta propuesta no compromete el equilibrio fiscal nacional, pero sí significaría un alivio inmediato para las arcas provinciales, que se encuentran en situación crítica. “Hay 24 firmas, ya no se puede volver atrás”, expresó uno de los jefes provinciales que hasta ahora venía sosteniendo una postura dialoguista con la Casa Rosada.

El malestar se profundizó tras reiteradas “promesas incumplidas” por parte del Gobierno nacional. El cálculo que circula entre las provincias indica que, entre noviembre de 2023 y mayo de este año, dejaron de percibir aproximadamente $30 billones, divididos entre menores ingresos por coparticipación, recorte de transferencias no automáticas y fondos fiduciarios no ejecutados.

La movida se gestó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los gobernadores definieron avanzar con una propuesta moderada: eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte e Infraestructura Hídrica, que hoy absorben una parte significativa del impuesto a los combustibles, y redirigir esos recursos a la coparticipación.

En paralelo, también reclaman que el remanente de los ATN —fondos que Nación distribuye discrecionalmente y que, por ley, se constituyen con el 1% de la masa coparticipable— se reparta automáticamente entre las provincias según los porcentajes establecidos. Desde el inicio del gobierno de Milei, al menos ocho provincias no han recibido un solo peso por esta vía.

El Gobierno, por su parte, a través del vocero presidencial y funcionarios del Ministerio de Economía, insinuó que presentará una “contrapropuesta” sin comprometer el superávit fiscal. No obstante, muchos gobernadores cuestionan esa lógica: “No pedimos más plata, solo que nos den lo que corresponde por ley”.

El trasfondo de esta unidad inédita no se reduce a una cuestión financiera. También hay tensión política. La Casa Rosada necesita del apoyo de las provincias para avanzar con su agenda legislativa, y este principio de rebelión pone en duda la viabilidad de muchas reformas pendientes.

La relación ya venía erosionada desde el conflicto con Chubut por la retención de coparticipación, que terminó con un fallo de la Justicia favorable a la provincia. A eso se suman múltiples demandas ante la Corte Suprema por fondos no girados y una escalada retórica entre gobernadores y el Presidente, que incluyó denuncias penales, despidos de funcionarios provinciales con cargos nacionales y advertencias de corte federal.

Con las finanzas provinciales cada vez más ajustadas y sin señales de distensión desde la Casa Rosada, los gobernadores parecen haber tomado nota: si no actúan juntos, seguirán perdiendo terreno. La presentación de la ley conjunta es solo el primer paso. Lo que sigue, dependerá tanto de la voluntad del Ejecutivo como de la capacidad de los gobernadores de sostener esta frágil pero potente unidad.