El Gobierno nacional, en los últimos días bajo las facultades delegadas, firmó un decreto que formaliza la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En su lugar, se creará una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Además, se anunció la licitación de 9.120 km de rutas nacionales, que quedarán en manos del sector privado.

Nuevo esquema de control y ejecución

• Las funciones de planificación y diseño estratégicas pasarán al Ministerio de Economía, mientras que el control de concesiones quedará en la nueva agencia derivada de la CNRT.
• La Gendarmería Nacional asumirá la fiscalización vial en reemplazo de la Agencia de Seguridad Vial.

Ahorro y argumentación oficial

El Gobierno estima un ahorro anual de USD 100 millones en gastos operativos, una parte del recorte de más de 2.000 millones de dólares logrado mediante los decretos delegados. El portavoz Manuel Adorni justificó la medida aludiendo a la causa judicial “Vialidad”, que reveló irregularidades en la ejecución de rutas durante la gestión anterior.

Críticas y alertas

• El sindicato vial advierte que hasta 3.000 trabajadores podrían quedar fuera por el cierre de organismos que empleaban a cerca de 5.500 personas.
• Se teme que la privatización implique más peajes en los tramos a concesionar, una medida que puede generar mayores costos para el usuario.
• El cierre y la tercerización de tareas generan alarma: se denuncia que podría derivar en la negligencia del mantenimiento de rutas, elevando la siniestralidad vial.

Balance preliminar

La decisión representa una reforma radical del sistema vial nacional: el Ejecutivo transfiere competencias estatales clave a organismos absorventes, delega en fuerzas de seguridad las funciones de control vial y abre un nuevo capítulo de concesiones privadas en 9.120 km de rutas nacionales. La medida podría reducir costos públicos y prometer mayor eficiencia, pero despierta interrogantes sobre su impacto en el empleo, los peajes y la seguridad de las rutas. La transición efectiva dependerá de los detalles técnicos del plan y de cómo se gestione la relación con los sindicatos y las provincias.