El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, mediante el cual deroga el asueto del 27 de junio, conocido como Día del Trabajador del Estado, que estaba previsto por la Ley 26.876 desde 2013.
Motivos y fundamentos del Gobierno
El Ejecutivo justificó la medida en su objetivo de construir una administración pública más “transparente, ágil y eficiente”, en un contexto en el que ya hay 19 feriados nacionales y se busca evitar asimetrías: “no es adecuado que el Estado pare, mientras el resto del país trabaja”. Milei defendió el cambio como un acto de revalorización del trabajo productivo, clave para reducir el déficit público .
Excepción por este año
El DNU establece una excepción válida solo para 2025: aunque el 27 de junio será laborable, no se computará como día hábil administrativo, evitando perjuicios en plazos de trámites. De este modo, se equilibra su intención de eliminar asuetos con la protección de derechos logrados por la ciudadanía.
Reacción sindical e impacto judicial
Los sindicatos estatales, liderados por ATE, calificaron la medida como un ataque a los derechos laborales. La Justicia intervino rápidamente: la jueza Moira Fullana dictó una medida cautelar que suspende el decreto para los afiliados a ATE, señalando que el asueto constituye un derecho adquirido.
El Gobierno anticipó que apelará la cautelar, con el vocero Manuel Adorni acusando a la justicia de priorizar “privilegios sindicales” y anunciando que buscarán anular la decisión judicial.
Ecos políticos
La medida forma parte de una intransigente agenda de recortes del gobierno: desde fines de 2023, se han eliminado más de 50.000 empleos públicos como parte de un ajuste radical. Las críticas gremiales señalan que el ahorro sería pequeño en comparación con los costos políticos y sociales que genera la medida.
Conclusión
El fin del asueto por el Día del Trabajador del Estado representa una decisión simbólica del Gobierno de Milei para fortalecer su imagen de reducción del Estado. Aunque apunta a aumentar la eficiencia pública, enfrenta una resistencia inmediata por parte de los sindicatos y una disputa judicial que deja abierta su implementación efectiva. La apelación del Gobierno marcará los próximos pasos en este enfrentamiento institucional.
