El presidente Javier Milei decidió vetar la ley impulsada para declarar el estado de emergencia en Bahía Blanca, una medida destinada a canalizar recursos rápidos tras las catastróficas inundaciones que azotaron la ciudad. La decisión provocó reacciones encontradas, especialmente por la amplia devastación que dejó el temporal del 7 y 8 de marzo.

La iniciativa legislativa buscaba declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en toda la región, habilitando partidas especiales y créditos blandos para la reconstrucción. Fue aprobada con unanimidad en Diputados, pero el veto presidencial la frenó antes de su sanción definitiva.

El epicentro del debate estuvo en cómo financiar la respuesta. Mientras los legisladores reclamaban activar ayudas inmediatas, el Ejecutivo argumentó su decisión en el contexto del control fiscal. Sin embargo, desde Provincia y Nación se autorizaron posteriormente fondos por $10.000 millones, además de un fondo federal de $200.000 millones que incluyó asignaciones del Gobierno nacional, según fuentes vinculadas al plan de asistencia.

El veto desató críticas duras por parte del gobernador Axel Kicillof, quien insistió en que Bahía Blanca necesita una presencia estatal fuerte y demandó que al menos una parte de los fondos del crédito del FMI sean destinados específicamente a su reconstrucción. Para el mandatario bonaerense, la ausencia del presidente en una visita sobrevolando la zona y la demora en medidas concretas evidencian una mirada insuficiente frente a la emergencia.

Desde el municipio, su intendente advirtió que los daños superan ampliamente las compensaciones anunciadas, estimando que harían falta más de $400.000 millones para restaurar infraestructura clave, puentes y sistemas de drenaje, así como viviendas. Se sumaron además análisis ministeriales que señalaron que las lluvias fueron históricas, con cerca de 290 mm en pocas horas, provocando el desborde de canales y la evacuación de más de mil personas.

El rechazo presidencial desató además tensión política: la movilización en redes, la crítica acompañada del debate parlamentario y el reclamo de Provincia y municipio ilustran hasta qué punto Bahía Blanca quedó convertida en un emblema de la gobernabilidad federal en crisis. Mientras tanto, tanto Nación como Provincia coordinan entregas de ayuda técnica, infraestructura y apoyo social, aunque persiste el reclamo unánime por una respuesta institucional con mayor alcance y previsión.