El gobierno nacional eliminó impuestos internos a autos de alta gama y retenciones agrícolas mientras exhorta a provincias y municipios a recortar Ingresos Brutos y tasas locales para estimular inversiones.
Beneficiarios de las medidas nacionales
- Se suprimieron las retenciones a exportaciones agrícolas, reduciendo aranceles para soja (del 33 % al 26 %), girasol, maíz y carne.
- Se eliminaron impuestos internos para autos de entre 41 y 75 millones de pesos (impuesto del 20 %) y se redujo del 35 % al 18 en los vehículos de mayor valor.
- Auto eléctricos e híbridos de bajo precio quedaron exentos bajo un cupo de 50.000 unidades anuales .
Estas medidas benefician principalmente a contribuyentes de alto poder adquisitivo y sectores exportadores.
Exigencia a provincias y municipios
- Caputo llamó públicamente a las provincias a reducir o eliminar Ingresos Brutos, el impuesto que recaudan localmente y que considera el más perjudicial para la producción.
- Señaló que muchas provincias no han ajustado el tributo, mientras algunos municipios imponen tasas “ilegales o arbitrarias” no justificadas por los servicios prestado.
Debates sobre impacto fiscal y recaudación
- Provincias alertan que ya han reducido el gasto en un ≈ 20 % real durante 2024 por la caída de ingresos coparticipables y transferencias discrecionales .
- Reclaman discutir un súper IVA federal, como plantea Caputo, para reemplazar múltiples impuestos nacionales y transferir más autonomía fiscal a provincias.
Proyección de largo plazo
- Caputo sostiene que si la economía crece entre 6 % y 8 % anual, se podrían devolver al sector privado hasta US$550.000 millones en menos impuestos en siete años, lo que “motivaría inversión”.
- El plan incluye eliminar nueve de cada diez impuestos nacionales y fomentar la “competencia fiscal” entre provincias, donde los ciudadanos migrarían a jurisdicciones con menores cargas tributarias.
En resumen
La estrategia económica de Javier Milei y Luis Caputo combina reducción de impuestos a sectores de alto ingreso con una fuerte exigencia a provincias para que recorten sus propias cargas fiscales. El modelo se sustenta en la idea de crecimiento sostenible mediante superávit fiscal y apertura exportadora, pero genera tensión con los gobiernos provinciales afectando la recaudación local y encendiendo el debate federal sobre distribución de recursos y autonomía tributaria.
