Gobernadores de varias provincias reclamaron con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de rutas nacionales, una problemática que consideran grave tanto para la seguridad vial como para el desarrollo económico oficial. La Justicia de Formosa ya ordenó medidas urgentes, mientras otros mandatarios planean presentar reclamos judiciales y alertan sobre riesgos crecientes.

Emergencia vial

Un fallo judicial de Formosa ordenó a Vialidad Nacional intervenir en cuatro rutas críticas —11, 81, 86 y 95— con trabajos de bacheo, sellado y limpieza en un plazo de 90 días. La falta de mantenimiento pone “en riesgo el derecho a la vida, al trabajo y la seguridad vial”, según el fallo.

Provincias llevan la disputa a la Justicia

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, adelantó que presentará una medida cautelar para exigir obras en rutas 151 y 22, después de reclamar sin recibir respuesta. “El nivel de deterioro y desgaste es enorme”, advirtió, y sostuvo que el abandono no solo afecta a conductores, sino también a la producción, el turismo y el comercio regional.

En Santa Fe, el ministro de Obras Públicas denunció una situación similar en la ruta 33 y el corredor 11, calificando la falta de intervención como “criminal” y advirtió que la inacción podría derivar en causas penales por incumplimiento de deberes.

Impacto real en la seguridad y economía.

Un informe de 2024 estableció que el 29% de los accidentes con víctimas fatales se produjeron en rutas nacionales deterioradas, un dato que vuelve urgente la reparación y mantenimiento para evitar nuevas tragedias.

La falta de conservación acorta la vida útil de los vehículos, eleva los costos logísticos y pone en riesgo la competitividad regional. La pobreza vial también retrasa el acceso a mercados y servicios esenciales, como alerta el sector productivo y logístico provincial.

Obras paralizadas y modelo privatizador

Los gobiernos provinciales acusan a la Nación de priorizar la privatización de corredores viales y el traspaso de rutas a concesionarias, en lugar de mantener la red existente: “No se trata de nuevas obras, sino de una obligación que están incumpliendo”, advirtieron desde Santa Fe.

Mientras tanto, varias jurisdicciones están asumiendo,con fondos propios, intervenciones parciales en tramos nacionales, pero advierten que los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades totales.

El conflicto por las rutas nacionales refleja un desajuste clave: provincias que financian obras con su propio presupuesto y gobiernos nacionales que postergan el mantenimiento. La Casa Rosada enfrenta presiones crecientes: reclamos judiciales y políticas provinciales exigen cumplimiento, mientras el deterioro sigue puesto en riesgo vidas y economías locales.