En una nueva reunión en el Ministerio de Economía, los gobernadores presentaron su propuesta para redistribuir recursos como el impuesto a los combustibles y los ATN. Sin embargo, el Gobierno nacional reafirmó su rechazo, al advertir que el proyecto implicaría un costo fiscal que compromete el equilibrio de las cuentas públicas.
Puntos clave del reclamo provincial
- El proyecto consensuado por las 24 provincias propone eliminar fondos fiduciarios del impuesto a los combustibles y redirigir ese 58,36% a las jurisdicciones junto a la Nación, el sistema previsional y el transporte público, manteniendo sus porcentajes actuales.
- También plantean que los remanentes de los ATN se distribuyan automáticamente, según la fórmula de coparticipación, en lugar de ser asignados discrecionalmente por la Casa Rosada.
Postura de Nación
- El Ministerio de Economía, representado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, consideró que la propuesta tiene un impacto negativo sobre el superávit y que podría provocar déficit.
- Propusieron en cambio trasladar el financiamiento de obras viales a las provincias junto con los fondos necesarios para ejecutarlas, como alternativa estructural al reclamo de recursos extras.
Sin acuerdo: ¿próximos pasos?
- Tras más de tres horas de diálogo, no se avanzó en un acuerdo concreto.
- Se espera que en las próximas semanas continúen las mesas de negociación, con una negociación tentativa que podría incluir una contrapropuesta al proyecto provinciano.
Tensiones en aumento
- Desde varias provincias las quejas se multiplican: “Generan superávit con plata de las provincias”, apuntaron tras el encuentro.
- El conflicto deja en evidencia la frágil coordinación fiscal entre Nación y jurisdicciones y pone a prueba la capacidad de diálogo político del gobierno de Milei.
El cruce evidencia un foco de tensión clave entre Nación y provincias. Mientras que la propuesta provincial busca un reparto más automático y justo de fondos que les pertenecen por ley, el Ejecutivo sostiene que ese movimiento comprometería el equilibrio fiscal. El futuro de esta puja estará determinado por el balance político en el Congreso y la disposición a encontrar fórmulas intermedias en las próximas rondas de negociación.
