El Gobierno argentino ha implementado una reforma migratoria que modifica significativamente las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para los inmigrantes. Estas medidas, oficializadas mediante el Decreto N° 366/2025, buscan endurecer los requisitos migratorios y agilizar los procesos de deportación.

Cambios en el acceso a la salud

• Este requisito será obligatorio para todos los nuevos ingresos, excepto en situaciones de emergencia, donde la atención médica estará garantizada sin importar la situación migratoria.
• A partir de ahora, los residentes temporarios deberán contar con un seguro médico para ingresar y permanecer en el país.

Educación pública: restricciones y excepciones

• Educación inicial, primaria y secundaria:
  El acceso seguirá siendo libre y gratuito para todos, sin distinción de nacionalidad ni estatus migratorio.
• Educación superior:
  Las universidades públicas podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
  No obstante, se habilita la posibilidad de acceder a becas ofrecidas por las instituciones, países de origen u organismos internacionales.

Requisitos para residencia y naturalización

• Para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros deberán acreditar al menos dos años de residencia continua, además de manifestar su voluntad ante la Dirección Nacional de Migraciones.
• Se incorporó una vía alternativa de acceso a la ciudadanía a través de inversiones significativas en el país, eximiendo a quienes inviertan de cumplir con el requisito temporal.

Deportaciones y nuevos controles

• Se endurecen los criterios para expulsar a inmigrantes ilegales o con antecedentes penales, incluso en casos de delitos menores.
• El plazo para apelar una orden de deportación se reduce considerablemente, lo que podría limitar la capacidad de defensa de los afectados.
• También podrá iniciarse el proceso de expulsión por presentación de documentación falsa, incumplimiento de requisitos o estancias irregulares.

Reacciones y críticas

Diversas organizaciones de derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la medida, señalando que implica una modificación sustancial del régimen migratorio sin intervención del Congreso. Asimismo, advirtieron que podría generar un aumento en la vulnerabilidad de miles de personas que residen en el país.

El gobierno, en cambio, sostiene que la reforma busca proteger los recursos del Estado y mejorar la seguridad nacional:

“No se trata de discriminar, sino de ordenar. El sistema estaba siendo abusado”, indicaron fuentes oficiales.