Un informe preliminar, impulsado en el marco de la intervención en ANDIS, revela sobreprecios promedio del 30 % en compras de medicamentos; en un caso puntual, la diferencia alcanzó el 63 %.
Resultados preliminares de la auditoría
- El informe, ordenado por el Ministerio de Salud y elaborado por el interventor Alejandro Vilches, comparó precios de siete fármacos adquiridos tanto por ANDIS como por el Ministerio de Salud.
- El promedio de sobreprecio detectado fue del 30 %, aunque en casos específicos como la Asparaginasa Pegilada, la diferencia fue mucho mayor.
Caso destacado: Asparaginasa Pegilada
- El Ministerio de Salud había adquirido el medicamento en agosto de 2024 a un precio unitario final de $ 8.274.027.
- Por su parte, ANDIS, en agosto de 2025, pagó $ 13.500.176, lo que representa un sobreprecio del 63 % frente al valor anterior.
- Considerando la inflación interanual del sector salud (35,6 % entre julio de 2024 y julio de 2025), la diferencia real ajustada queda en torno al **27 % **.
Contexto e implicancias
- Estos datos surgen como parte de la intervención tras los audios filtrados del exdirecto de ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelaban posibles irregularidades y vínculos con sobornos para favorecer a la droguería Suizo Argentina.
- Aunque el informe aún es preliminar, confirma irregularidades y fortalece los interrogantes sobre la transparencia en las contrataciones públicas. Se investiga especialmente si el organismo actuó con autonomía discrecional sin suficientes controles estatales.
- En paralelo, la Justicia avanza con una causa por presunta corrupción: la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón incluye cargos por cohecho, administración fraudulenta y violaciones a la ley de Ética Pública, y alcanza a figuras como Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem y directivos de Suizo Argentina.
Conclusión
La auditoría oficial pone en evidencia irregularidades graves en ANDIS: no solo pagos excesivamente altos por medicamentos esenciales, sino también interesantes discrepancias respecto a organismos que deberían tener estándares similares, como el Ministerio de Salud. Con precios un 27–30 % más elevados, y hasta un 63 % en casos clave, la política de compras del organismo queda bajo fuerte cuestionamiento.
La intervención y la justicia continúan su curso, y la transparencia sobre los procesos de licitación y ejecución de compras se vuelve central en el debate público en torno al escándalo.

















