El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó en el centro del debate político luego de que se conocieran detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por un valor de 230.000 dólares. La operación inmobiliaria, realizada en noviembre de 2025, quedó registrada oficialmente en el Registro de la Propiedad Inmueble y revela una estructura de financiamiento poco habitual: casi el 90% del valor del inmueble fue cubierto mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas.

Según consta en la documentación registral, la compra fue formalizada el 18 de noviembre de 2025 y corresponde a un departamento de aproximadamente 200 metros cuadrados ubicado en la calle Miró, una zona residencial del barrio de Caballito. La escritura de compraventa establece que el monto total de la operación fue de USD 230.000 y que la propiedad quedó a nombre de Adorni junto a su esposa.

Uno de los aspectos que llamó la atención en la operación fue la modalidad de financiamiento. De acuerdo con el informe de dominio, las vendedoras del inmueble —identificadas como Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo— no solo transfirieron la propiedad sino que también actuaron como acreedoras de un crédito hipotecario por un total de USD 200.000, monto que representa cerca del 90% del valor de la compra. Cada una aportó el 50% del préstamo, quedando ambas registradas como acreedoras del funcionario.

La estructura financiera de la operación implicó, en los hechos, una hipoteca privada entre particulares. Es decir, en lugar de recurrir a una entidad bancaria o financiera, el crédito fue otorgado directamente por las personas que vendieron la propiedad. Este tipo de acuerdos no es ilegal en sí mismo, pero suele generar atención pública cuando involucra a funcionarios de alto rango, especialmente en contextos de revisión patrimonial.

El inmueble, que previamente perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales, había sido adquirido por las dos mujeres meses antes de la venta a Adorni. Posteriormente, ambas participaron en la operación como vendedoras y como prestamistas del crédito hipotecario utilizado para concretar la compra.

La revelación de esta operación se produce además en un contexto de investigaciones judiciales sobre el patrimonio del funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para analizar movimientos patrimoniales de Adorni y de su entorno familiar, incluyendo consultas a registros de propiedad, vehículos y movimientos financieros.

Dentro de esa investigación también se analiza la evolución de los bienes declarados por el jefe de Gabinete. Según trascendió, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción no figuraría la venta de un inmueble anterior ubicado en el barrio de Parque Chacabuco, lo que abrió interrogantes sobre la secuencia de sus operaciones inmobiliarias.

A la compra del departamento en Caballito se suma otro movimiento patrimonial registrado en el mismo período. Ese mismo mes de noviembre de 2025, el funcionario adquirió una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, propiedad que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Las revelaciones sobre estas operaciones alimentaron el debate político en torno a la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos. Mientras sectores opositores reclaman mayor claridad sobre el origen de los fondos y la modalidad de financiamiento, desde el entorno del Gobierno sostienen que se trata de operaciones privadas registradas legalmente y que la investigación judicial será la instancia encargada de determinar si existieron o no irregularidades.