La movilización registrada el pasado 11 de febrero de 2026 frente al Congreso de la Nación Argentina, en el marco del debate en el Senado sobre la reforma laboral, derivó en un operativo policial de gran escala que terminó con decenas de detenciones y múltiples denuncias de represión, inscribiéndose como uno de los episodios más controvertidos de protestas callejeras en el contexto de las tensiones político-institucionales de comienzos de año.

La protesta, que había reunido a sindicatos, organizaciones sociales y otros sectores opuestos a los cambios laborales impulsados por el Gobierno, se tornó violenta en varios sectores cuando un grupo minoritario de manifestantes encapuchados arrojó piedras, bombas molotov y proyectiles hacia las fuerzas de seguridad, derivando en un avance de la Policía de la Ciudad y fuerzas federales con gases lacrimógenos, balas de goma y cargas para dispersar a los manifestantes.

Frente a estos hechos, la intervención de las fuerzas generó dudas, denuncias y debates sobre la propia actuación policial. Un informe periodístico que cubrió lo sucedido menciona escenas que despertaron sospechas sobre la presencia de infiltrados, “violentos inorgánicos” o incluso la posibilidad de una “zona liberada” por parte de la policía para facilitar la escalada de conflicto, aunque sin pruebas claras que permitan confirmar cada hipótesis.

El cruce de versiones aumentó luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundiera un video en redes sociales con identidades de cuatro manifestantes violentos, lo que las autoridades señalaron como evidencia de que existieron agresores concretos responsables de los ataques a la policía, y se iniciaron pedidos de captura por parte de la Justicia.

En paralelo, distintas crónicas periodísticas y testimonios de periodistas que cubrían la movilización sostuvieron que hubo casos de detenciones arbitrarias incluso de trabajadores de prensa o manifestantes que no participaban de actos violentos, con un despliegue de aproximadamente 800 agentes que avanzaron más allá de la zona central de la protesta, según los relatos.

Tras los incidentes, la mayoría de los detenidos fueron liberados en las horas posteriores —en muchos casos luego de ser indagados o derivar en la Justicia—, aunque al menos una quincena de personas continuaba bajo custodia tras el operativo, distribuidas entre dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se analizan los hechos y se ajustan las imputaciones penales correspondientes.

El intercambio entre versiones oficiales y las interpretaciones críticas también incluyó acusaciones de que la respuesta policial fue desproporcionada, con relatos de uso excesivo de fuerza y de que, incluso cuando la protesta principal había disminuido o sido dispersada, las fuerzas que actuaron continuaron avanzando sobre personas que no participaban de actos violentos.

Más allá de las controversias sobre infiltrar o no agentes a la protesta, el episodio de represión ante la movilización por la reforma laboral pone en evidencia las tensiones entre el derecho a la protesta y las estrategias de represión estatal en un contexto en el que debates legislativos sensibles motivaron una reacción social fuerte y un aparato de seguridad predispuesto al control estricto de las manifestaciones.

Este episodio también ha sido objeto de análisis político y jurídico, con organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de oposición cuestionando no solo la violencia institucional, sino también el uso de figuras legales como la Ley Antiterrorista o dispositivos de orden público que pueden implicar detenciones arbitrarias, situaciones que se repiten en otros escenarios de protestas recientes en Argentina.

En síntesis, la represión en las inmediaciones del Congreso durante la protesta contra la reforma laboral se caracteriza por una interacción compleja entre violencia minoritaria de algunos manifestantes, reacción contundente de las fuerzas de seguridad y discusiones sobre la proporcionalidad del uso del poder estatal, que constituyen un punto de tensión político e institucional en el país en 2026.