El Concejo Deliberante de la ciudad de La Rioja resolvió frenar la ampliación de los carriles exclusivos para colectivos que impulsa la Secretaría de Transporte provincial, en una decisión adoptada por unanimidad que expone un fuerte posicionamiento institucional del cuerpo legislativo frente a la política de movilidad urbana aplicada en la capital. La resolución fue aprobada por los 15 concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, quienes coincidieron en reclamar la intervención del intendente Armando Molina para impedir que la medida se extienda a nuevas calles.

La iniciativa busca bloquear la posibilidad de que el sistema de carriles exclusivos se expanda hacia arterias como 8 de Diciembre y Ortiz de Ocampo, una alternativa que había comenzado a evaluarse en las últimas semanas dentro del esquema de reorganización del tránsito urbano. La preocupación de los ediles se centra en la falta de debate institucional previo y en las consecuencias que la implementación de estas medidas podría tener sobre la circulación vehicular, el comercio y la dinámica cotidiana de la ciudad.

El concejal radical Nazareno Rippa fue una de las voces más visibles durante el debate legislativo y destacó el consenso alcanzado en el recinto. Según explicó, el proyecto dejó de pertenecer a un sector político en particular para convertirse en una iniciativa institucional del conjunto del Concejo. En ese marco, remarcó que la decisión refleja una preocupación compartida por la forma en que se vienen aplicando las políticas de tránsito sin la participación de las autoridades municipales ni del propio cuerpo deliberativo.

Uno de los principales argumentos planteados por los concejales se vincula con la defensa de la autonomía municipal en materia de tránsito y planificación urbana. Desde esa perspectiva, sostienen que cualquier modificación relevante en el esquema de circulación debe ser debatida dentro del ámbito institucional correspondiente y no implementarse de manera unilateral desde el gobierno provincial. En este sentido, reclamaron que el intendente intervenga formalmente ante la Secretaría de Transporte para detener cualquier avance en la ampliación del sistema.

Las críticas también apuntaron al modo en que se implementaron los carriles exclusivos que actualmente funcionan en avenidas estratégicas de la ciudad, como Perón y Circunvalación. Según señalaron los concejales, estas decisiones se adoptaron sin consulta previa al Concejo Deliberante, al Ejecutivo municipal ni a los sectores directamente afectados, como vecinos y comerciantes que operan en las zonas intervenidas.

Otro de los puntos de discusión gira en torno a la legalidad de las sanciones que podrían aplicarse a los conductores que circulen por estos carriles. Desde el Concejo se advirtió que actualmente no existe una normativa aprobada que respalde formalmente el sistema, lo que abre interrogantes sobre la legitimidad de eventuales multas o penalizaciones. Para algunos ediles, la ausencia de un marco legal claro constituye uno de los principales problemas del esquema vigente.

Durante el debate legislativo también se plantearon cuestionamientos sobre el impacto económico y urbano de la medida. Según señalaron algunos concejales, comerciantes de las zonas afectadas manifestaron preocupación por la caída en la actividad comercial y por las modificaciones repentinas en la circulación vehicular. A esto se suman intervenciones urbanas como la remoción de árboles o cambios en el estacionamiento, que generaron malestar entre distintos sectores de la comunidad.

Pese a las críticas, desde el Concejo Deliberante no descartaron la posibilidad de debatir en el futuro un modelo de carriles diferenciados para el transporte público. Sin embargo, plantearon que ese debate debe darse mediante instancias participativas y con la intervención de todos los actores involucrados, incluyendo usuarios del transporte, vecinos, comerciantes y especialistas en movilidad urbana.

En ese contexto, algunos concejales propusieron avanzar hacia audiencias públicas que permitan discutir de manera integral el sistema de transporte de la ciudad. Además, sostuvieron que el problema estructural del transporte público en la capital riojana no se resolverá únicamente con carriles exclusivos, sino que requiere mejoras en la infraestructura vial, mantenimiento de calles y una planificación urbana más amplia.

La resolución aprobada por el Concejo ahora coloca la responsabilidad política en el Ejecutivo municipal, que deberá definir cómo canalizar el reclamo institucional ante la Provincia. Mientras tanto, los ediles anticiparon que no avalarán nuevas medidas relacionadas con el tránsito sin un tratamiento legislativo previo y sin la participación activa de la ciudadanía en el debate sobre el futuro de la movilidad urbana en la capital.