El Gobierno nacional formalizó este viernes un nuevo incremento en los haberes jubilatorios y pensiones que comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 2026, según la resolución publicada en el Boletín Oficial por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La decisión se enmarca en la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los pagos de acuerdo con la inflación registrada.

La actualización fijó un aumento de 2,88% sobre los haberes vigentes, reflejo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ajuste responde a los parámetros establecidos por la Ley de Movilidad y al Decreto 274/2024, que ordena la revisión periódica de los beneficios previsionales.

Como resultado de este incremento, el haber mínimo garantizado para jubilados y pensionados quedará establecido en $369.600,88, mientras que el haber máximo alcanzará $2.487.063,95. Estos valores representan los límites inferior y superior del sistema previsional contributivo administrado por ANSES, con impacto directo sobre millones de beneficiarios.

Dentro de la estructura de prestaciones también se incluyeron actualizaciones para componentes específicos como la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que quedaron fijadas en $169.075,53 y $295.680,70 respectivamente. Estas categorías forman parte de los beneficios que reciben sectores especialmente vulnerables del sistema previsional.

Más allá de la movilidad automática, el Gobierno espera confirmar en los próximos días la continuidad de un bono extraordinario de $70.000 que, desde marzo de 2024, se abona a quienes perciben la jubilación mínima. Aunque aún no fue oficializado por la ANSES, esta suma adicional está contemplada en la práctica desde hace casi dos años y se mantiene como un refuerzo para mitigar la pérdida del poder adquisitivo en los sectores de ingresos más bajos.

En términos políticos, la actualización de haberes se produce en un contexto de fuerte discusión pública sobre el impacto de la inflación en los sectores pasivos de la sociedad. Organizaciones civiles y sindicales han expresado en los últimos meses críticas respecto a la insuficiencia de los aumentos frente al costo de vida real, lo que ha generado presión sobre el Ejecutivo para que adopte medidas complementarias.

Desde el punto de vista institucional, la resolución de ANSES refleja el cumplimiento de las normas vigentes en materia previsional y evidencia la coordinación entre los datos oficiales de inflación y la política social del Estado. A su vez, pone de manifiesto la tensión entre las exigencias fiscales del gobierno y las demandas sociales de protección de los sectores más vulnerables.

El organismo previsional también difundió el cronograma de pagos que comenzará en marzo, con fechas escalonadas según la terminación del número de documento de cada beneficiario. Esta planificación permite una administración ordenada de los haberes actualizados y facilita a los jubilados y pensionados la consulta anticipada de sus respectivos días de cobro.

En términos generales, el ajuste de marzo marca una nueva etapa en la política previsional del país bajo la actual administración, en la que la movilidad periódica y los refuerzos adicionales buscan equilibrar las tensiones entre la realidad económica y las obligaciones del sistema de seguridad social ante un clima inflacionario persistente.