El proyecto de presupuesto nacional para 2026 incluye un aumento significativo del impuesto sobre los combustibles líquidos y dióxido de carbono —el tributo que más variará el año próximo— con una suba prevista del 72% respecto de 2025. Esta medida se presenta como una pieza clave del esquema fiscal del gobierno, pero también plantea riesgos de impacto para el precio de la nafta y para la inflación general.

Detalles del ajuste tributario

• Según el medio, se espera que la recaudación de este impuesto pase de aproximadamente $4,4 billones en 2025 a $7,6 billones en 2026, lo que llevaría su contribución al producto bruto interno (PBI) de 0,51% a 0,74%.

• La subida se basa en el hecho de que el tributo está «retrasado» respecto de lo que debería aplicarse, conforme al decreto 501/2018 que establecía actualizaciones trimestrales por inflación. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei se decidió subordinar esos incrementos para no trasladarlos inmediatamente al precio del surtidor.

• El informe de la consultora Economía y Energía señala que la falta de actualización llevó a una pérdida de recaudación de casi US $200 millones por mes, sumando alrededor de US $1.786 millones en el año.

Impacto en precios y economía

• En octubre de 2025, el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires se ubicaba en aproximadamente $1.391, lo que representa un aumento del 23% respecto a enero del mismo año (~$1.128), muy cercano a la inflación acumulada (~22%).

• Si el impuesto sube de forma abrupta, el riesgo es que ese incremento se traslade al precio del combustible, lo que generaría un efecto indirecto en la inflación, dado que el precio de la nafta incide en costos de transporte, distribución y otros bienes.

• En el contexto electoral, el gobierno ha venido priorizando no impactar excesivamente en el bolsillo del consumidor antes de las elecciones; pero el ajuste tributario planificado plantea un dilema de política económica.

Consideraciones políticas

• El hecho de que el impuesto sobre los combustibles sea el que más variará refleja la necesidad del Ejecutivo de generar ingresos que permitan cumplir con metas fiscales sin alterar totalmente las tarifas de servicios públicos o impuestos más visibles para el ciudadano.

• También pone en el centro a las provincias y municipios, ya que parte de este impuesto fue pedido por las jurisdicciones para su coparticipación, aunque ese pedido aún no se concretó plenamente.

• La forma en que se comunique la medida, el momento de su implementación y las compensaciones que puedan anunciarse serán vitales para evitar un impacto electoral adverso.

El aumento proyectado del impuesto sobre los combustibles es un claro indicio de los desafíos fiscales que enfrenta Argentina: generar recursos sin desatar una ola inflacionaria o política negativa. La clave estará en cómo se aplique este ajuste —gradual o abruptamente— y en qué medida el gobierno logre amortiguar sus efectos en el bolsillo de los ciudadanos.
Para los consumidores, el mensaje es claro: el costo del combustible puede subir por el tributo tanto como por el mercado internacional. Y para las autoridades, el reto será equilibrar recaudación, crecimiento y estabilidad.