El Gobierno nacional reformuló su propuesta de reforma del Código Penal y definió un nuevo enfoque que prioriza el endurecimiento de penas para delitos comunes, mientras deja fuera de ese endurecimiento a los delitos vinculados con la corrupción de funcionarios. La decisión marca un cambio significativo respecto de los primeros borradores elaborados por especialistas y reconfigura el eje político de la reforma impulsada por el oficialismo.

La modificación del proyecto se produjo tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, quien asumió la tarea de revisar el texto que se venía elaborando durante los últimos años. En ese proceso, el Ejecutivo decidió abandonar la idea de presentar una reforma integral del Código Penal y avanzar en cambio con ajustes parciales orientados principalmente a la seguridad urbana y a la tipificación de nuevas modalidades delictivas.

El nuevo enfoque propone incrementar las penas para delitos frecuentes en la vida cotidiana, especialmente aquellos vinculados con robos, estafas y modalidades delictivas urbanas que han ganado visibilidad en los últimos años. Entre los cambios previstos se incluye la incorporación de figuras específicas como los denominados “motochorros”, las “viudas negras”, las salideras bancarias y las entraderas, con escalas penales que en algunos casos podrían alcanzar entre dos y doce años de prisión.

La iniciativa también contempla nuevas tipificaciones para estafas piramidales y fraudes financieros, delitos que en los últimos años se expandieron con el uso de plataformas digitales y sistemas de inversión informal. El proyecto establece penas que podrían llegar hasta doce años de prisión, especialmente cuando se determine que las víctimas no podrán recuperar el dinero invertido.

Sin embargo, uno de los puntos más discutidos del nuevo borrador es la decisión de no endurecer las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos. A diferencia de versiones previas del proyecto, el texto en revisión deja de lado la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción y tampoco plantea aumentos en las sanciones para ese tipo de conductas.

Otro cambio relevante se vincula con el delito de lavado de dinero. El borrador analizado plantea elevar el umbral económico a partir del cual se configura el delito, llevándolo a unos 5.000 millones de pesos. Este aumento implicaría que operaciones por debajo de ese monto no podrían ser perseguidas penalmente, lo que podría impactar en investigaciones en curso.

En paralelo, el Gobierno decidió postergar debates de alto impacto político que figuraban en las versiones iniciales de la reforma. Entre ellos se encuentran la eventual revisión de la legislación sobre aborto y la eliminación de la figura penal del femicidio. Según fuentes oficiales, estos temas fueron dejados en pausa para evitar conflictos políticos que puedan dificultar el avance de otros cambios considerados prioritarios.

El proyecto también incorpora una perspectiva más amplia sobre los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. En ese sentido, el texto introduce un criterio de interpretación “pro víctima”, que obligaría a jueces y fiscales a ponderar con mayor peso los derechos de quienes sufren delitos, otorgándoles mayor participación en las decisiones judiciales.

Además, la reforma contempla endurecer sanciones vinculadas a delitos contra menores, como el grooming y la explotación sexual infantil, así como establecer penas más severas para la producción y distribución de material de abuso sexual. El objetivo declarado es actualizar el Código Penal frente a delitos que han evolucionado con el desarrollo tecnológico.

El rediseño del proyecto se discutió en reuniones mantenidas en la residencia presidencial de Olivos entre el presidente Javier Milei, el ministro Mahiques y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras esos encuentros, el Ejecutivo definió avanzar con una estrategia gradual: priorizar reformas consideradas viables políticamente antes de impulsar cambios estructurales más amplios.

De cara al Congreso, la iniciativa anticipa un debate intenso. Mientras el oficialismo sostiene que el objetivo es fortalecer la respuesta penal frente a delitos que afectan directamente a la población, sectores de la oposición cuestionan que el endurecimiento se concentre en delitos comunes y no en los vinculados al ejercicio del poder público.

La discusión parlamentaria sobre la reforma penal se perfila así como uno de los debates institucionales más relevantes del año. Más allá de las modificaciones técnicas del Código Penal, el trasfondo político gira en torno a qué tipo de criminalidad debe priorizar el sistema penal y cómo equilibrar las políticas de seguridad con los mecanismos de control del poder estatal.