Según denunció la secretaria general del gremio docente SADOP La Rioja, Fernanda Huser, en la provincia de La Rioja todas las instituciones escolares de gestión privada reciben aportes del Estado —que van desde el 40 % hasta el 100 % del salario docente—, lo cual genera un debate sobre la naturaleza real del financiamiento educativo privado.

Realidad del financiamiento

Huser explicó que las escuelas denominadas “privadas” en la provincia técnicamente operan como “escuelas públicas de gestión privada”, dado que “en La Rioja todos reciben en mayor o menor medida recursos del Estado”.
Detalló que:

• En las escuelas confesionales (católicas principalmente) el Estado cubre el 100 % de los salarios docentes.

• En otros tipos de escuelas privadas, la subvención estatal puede cubrir cerca del 40 % o hasta el 80 % del salario docente.

• No existe un listado público que detalle qué establecimiento recibe cuánto aporte; la información permanece opaca.

Implicancias educativas y socioeconómicas

Este escenario abre varias preguntas:

• Si el Estado subvenciona una parte significativa de los salarios docentes de escuelas privadas, ¿cuál es la lógica de cuotas elevadas a las familias por asistencia?

• ¿Qué nivel de transparencia existe en los criterios de asignación de esos aportes estatales? Estudios previos a nivel nacional ya señalaban que en muchas jurisdicciones los aportes a escuelas privadas eran la regla y no la excepción.

• ¿Qué significa “privada” cuando una institución depende fuertemente del financiamiento público? La distinción entre gestión pública y privada se vuelve borrosa.
  Además, la situación está acompañada por ajustes en las cuotas escolares: se reportó un aumento de alrededor del 30% en algunas escuelas privadas de La Rioja, configurando un escenario de presión financiera sobre las familias.

Proyectos de regulación en trámite

Desde SADOP señalan que existe un proyecto legislativo para regular los aportes estatales a las escuelas privadas, aunque no apunta a regular directamente las cuotas familiares. Según Huser, “no regula las cuotas (…), pero sí el aporte (del Estado) en relación con las cuotas”.
También, se señala que ya hay una normativa en materia edilicia para que estas escuelas privadas adapten sus instalaciones a plazos definidos.

La afirmación de que “no hay ninguna escuela privada en La Rioja que no reciba dinero del Estado” no es un simple titular: refleja una realidad estructural del sistema educativo provincial. Si bien el financiamiento estatal puede garantizar estabilidad laboral para docentes y continuidad de los centros, también plantea desafíos de transparencia, equidad y coherencia entre gestión privada y pública. Para avanzar, será clave que se publiquen datos, se clarifiquen las reglas de subsidio y se garantice que las familias decidan con plena información.