La licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a quedar envuelta en tensiones políticas luego de que la empresa brasileña DTA Engenharia decidiera retirarse del proceso, dejando el concurso prácticamente reducido a compañías europeas. La salida de la firma brasileña profundizó la incertidumbre sobre el futuro del proceso licitatorio, que además atraviesa una disputa interna dentro del propio gobierno argentino.

El proceso de adjudicación de la vía navegable más importante del comercio exterior argentino se encuentra actualmente condicionado por una puja de poder entre dos sectores influyentes del oficialismo. De acuerdo con versiones políticas, la licitación quedó atrapada en la disputa entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el entorno político de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave dentro del esquema de conducción del gobierno.

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una infraestructura estratégica para la economía regional. A lo largo de unos 3.400 kilómetros conecta puertos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay con el océano Atlántico, y por su tramo argentino circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. Se estima que por esta vía se transporta más del 80% de las ventas externas argentinas, lo que la convierte en un activo central para la logística y la competitividad del comercio exterior.

El actual proceso licitatorio forma parte del intento del gobierno de volver a concesionar el mantenimiento y operación del tramo argentino de la vía navegable, que incluye tareas de dragado, señalización y cobro de peajes. El plan oficial contempla otorgar una concesión por 25 años, con posibilidad de prórroga, a una empresa o consorcio privado que se encargue de la gestión integral del corredor fluvial.

Con la salida de la empresa brasileña, la competencia quedó prácticamente limitada a dos compañías de origen belga: DEME y Jan De Nul. Esta última posee una larga trayectoria en la operación de la Hidrovía, ya que formó parte del consorcio que administró el corredor durante más de dos décadas en el período previo a la estatización del sistema en 2021.

La disputa política interna agrega un factor adicional de complejidad al proceso. Según fuentes del sector, cada uno de los espacios dentro del oficialismo tendría preferencia por diferentes actores empresariales, lo que alimenta sospechas de presiones y maniobras dentro del proceso licitatorio. Este contexto genera preocupación entre operadores logísticos y exportadores, que temen que las tensiones políticas terminen retrasando una definición clave para la infraestructura comercial del país.

La licitación de la Hidrovía ya había atravesado dificultades en el pasado reciente. Un intento previo impulsado por el gobierno debió ser cancelado luego de recibir escasa participación empresarial y denuncias de direccionamiento en el proceso. Ese antecedente dejó expuesta la sensibilidad política y económica que rodea a la concesión de esta infraestructura estratégica.

El control y la administración de la vía navegable constituye uno de los debates estructurales del sistema productivo argentino. Para los sectores exportadores, la eficiencia del dragado y la profundidad del canal son factores determinantes para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad internacional de la producción agrícola e industrial.

En este escenario, el futuro de la licitación aparece condicionado no solo por la competencia empresarial, sino también por las tensiones internas dentro del propio gobierno. La resolución del proceso será clave para definir el esquema de gestión de uno de los corredores comerciales más importantes de Sudamérica y para establecer el marco institucional que regirá el transporte fluvial de exportaciones durante las próximas décadas.