Un fallo de la Justicia laboral suspendió de manera provisoria parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, luego de que un juzgado del fuero del trabajo aceptara una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión judicial paraliza la aplicación de numerosos artículos de la nueva legislación mientras se analiza su constitucionalidad en el marco de una causa de fondo que continúa en trámite.
La resolución fue dictada por el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, quien hizo lugar al planteo presentado por la central sindical contra el Estado nacional. La CGT había promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley de “modernización laboral”, sancionada y promulgada a comienzos de marzo de 2026, argumentando que varias de sus disposiciones afectan derechos laborales garantizados por la Constitución.
En su resolución, el magistrado dispuso suspender la aplicación de más de 80 artículos de la normativa hasta que exista una sentencia definitiva. Según el fallo, la medida cautelar busca preservar el “status quo” y evitar posibles daños irreparables mientras se analiza el fondo del conflicto judicial.
Entre los puntos que quedaron temporalmente paralizados se encuentran disposiciones vinculadas con el cálculo de las indemnizaciones por despido, la creación de un fondo para el pago de compensaciones laborales, nuevas regulaciones sobre el derecho de huelga, modificaciones en la representación sindical y la derogación de la ley de teletrabajo. También quedaron en suspenso cambios en el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo y en la responsabilidad solidaria de los empleadores.
La CGT sostuvo en su presentación judicial que la reforma introduce “modificaciones peyorativas” en los derechos de los trabajadores y vulnera principios constitucionales como la protección del trabajo, la libertad sindical y la progresividad de los derechos sociales. Según la central obrera, varios artículos reducen el nivel de tutela laboral y contradicen tratados internacionales ratificados por la Argentina.
Tras conocerse la decisión judicial, la conducción sindical celebró el fallo y lo calificó como un paso importante en la defensa de los derechos laborales. En un comunicado, la organización afirmó que la resolución reconoce su legitimidad para representar de manera colectiva a los trabajadores del país y ratificó que continuará impulsando acciones judiciales contra la reforma.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, adelantaron que apelarán la decisión para intentar revertir la suspensión. Funcionarios del Ejecutivo sostienen que la reforma laboral constituye una herramienta clave para promover el empleo formal y dinamizar el mercado de trabajo, y cuestionaron la intervención judicial sobre una ley aprobada por el Congreso.
La medida cautelar abre ahora un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical en torno al alcance de la reforma laboral. Mientras la causa avanza en los tribunales, los artículos suspendidos permanecerán sin aplicación hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.
El conflicto judicial también plantea un debate institucional sobre los límites del control judicial frente a reformas aprobadas por el Poder Legislativo. Analistas y juristas coinciden en que el caso podría escalar a instancias superiores del sistema judicial, incluida la Corte Suprema, donde eventualmente se definirá el futuro de una de las reformas más significativas impulsadas por el actual gobierno en materia laboral.
