El Senado argentino le dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno tras introducir decenas de modificaciones, y entre los ejes más relevantes del texto aprobado se cuentan nuevas reglas sobre vacaciones, régimen de indemnizaciones por despido y la implementación del “banco de horas”.

Vacaciones: más flexibilidad y fraccionamiento
La norma mantiene que las vacaciones anuales deberán otorgarse entre el 1 ° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pero incorpora la posibilidad de fraccionar el período vacacional siempre que cada tramo tenga al menos siete días corridos, lo que amplía la flexibilidad para acordar el descanso entre trabajador y empleador. El comienzo del período debe notificarse por escrito con una antelación mínima de 30 días, salvo que un convenio colectivo de trabajo (CCT) establezca otra modalidad específica para la actividad.

Esta mayor flexibilidad busca adaptar el goce de vacaciones a las necesidades productivas, pero también pone mayor relevancia en los acuerdos entre partes y en las negociaciones colectivas para definir condiciones particulares.

Indemnizaciones por despidos: nuevos criterios y topes
En caso de despido sin justa causa, la reforma mantiene la regla de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de tres meses, pero modifica la base de cálculo. Ahora se tomará la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, excluyendo conceptos no mensuales como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) o premios que no se paguen todos los meses.

Además, el proyecto introduce límites máximos y mínimos para las indemnizaciones: el monto no podrá exceder tres veces el salario medio del convenio aplicable (sin antigüedad) ni ser inferior al 67 % de una remuneración mensual habitual o a un mes de sueldo como mínimo legal. Asimismo, se autoriza el pago en cuotas ante una sentencia judicial —hasta 6 cuotas para grandes empresas y 12 cuotas para micro, pequeñas y medianas empresas—, ajustadas por índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés anual.

El texto también contempla que convenios colectivos puedan sustituir el sistema tradicional de indemnización por fondos o mecanismos alternativos a cargo del empleador, lo que abre la puerta a estructuras distintas en función de cada sector.

Banco de horas: mayor flexibilidad en la jornada
Uno de los cambios centrales es la formalización del sistema de “banco de horas”, un mecanismo mediante el cual las horas extraordinarias pueden compensarse con días de descanso en otros momentos, en vez de pagarse automáticamente como extras. Este régimen debe pactarse por escrito entre trabajador y empleador o con la representación sindical, con límites claros y sistemas de registro que controlen las horas trabajadas y las disponibles para la compensación.

Bajo esta modalidad, las horas extras continúan siendo voluntarias y deben respetarse los descansos mínimos legales —12 horas entre jornadas y un descanso semanal de 35 horas—, así como los topes de jornada establecidos por la ley o los convenios colectivos.

Este sistema da mayor flexibilidad organizativa a los empleadores y posibilita adaptar la distribución de la jornada laboral según picos de demanda productiva, aunque requiere acuerdos específicos y garantiza ciertos mínimos de protección para los trabajadores.

Contexto amplio de la reforma
Estos cambios se inscriben en un proyecto más amplio que, además de estas tres áreas, regula cuestiones como la negociación colectiva, la ultraactividad de los convenios, la baja de cargas patronales y la creación de nuevos instrumentos como el Fondo de Asistencia Laboral, con el objetivo declarado de modernizar el régimen laboral argentino y reducir la informalidad, aunque también ha generado debate y protestas por sus implicancias para derechos laborales tradicionales.

En resumen, la reforma aprobada por el Senado implica una flexibilización en la gestión del descanso anual, ajustes en el cálculo y límites de las indemnizaciones por despido, y la incorporación de un banco de horas formalizado, profundizando cambios regulatorios que ahora deberán ser analizados y votados por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.