El Gobierno nacional formalizó la renuncia del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y avanzó de manera inmediata con la designación de su reemplazo, en el marco de una reconfiguración más amplia del Ministerio de Justicia. La decisión fue oficializada a través del decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La salida de Melik se concretó con efecto al 13 de marzo, poniendo fin a una gestión iniciada en diciembre de 2023. En el texto oficial, el Ejecutivo agradeció los servicios prestados por el funcionario, quien había llegado al cargo con vínculos políticos y técnicos dentro del área judicial.

Su paso por la Oficina Anticorrupción estuvo marcado por intervenciones en casos sensibles, particularmente en el expediente vinculado a la criptomoneda $LIBRA. En ese contexto, Melik firmó una resolución en la que recomendó interpretar la conducta del presidente Javier Milei como un acto de carácter “individual o privado”, en el marco de una investigación administrativa que generó amplio debate político.

El reemplazo recayó en Gabriela Carmen Zangaro, una abogada especializada en Derecho Penal con trayectoria en el ámbito judicial y académico. La nueva titular cuenta con formación en instituciones como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina, además de experiencia docente en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Zangaro inició su carrera en el Poder Judicial en 1989 y ha ocupado distintos cargos a lo largo de su trayectoria, incluyendo su participación en el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Su perfil técnico y académico aparece como uno de los elementos centrales en la decisión del Ejecutivo para encabezar el organismo.

La Oficina Anticorrupción es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo con funciones clave en la prevención e investigación de irregularidades dentro del Estado, así como en el diseño de políticas públicas de integridad. Su conducción suele tener impacto directo en la agenda de transparencia y en la relación entre política y justicia.

El recambio se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional, atravesado por investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el funcionamiento de organismos de control. En ese marco, la designación de una nueva titular busca reforzar la estructura del área en medio de una etapa de reordenamiento dentro del Ministerio de Justicia.

En paralelo, el Gobierno también avanzó con otros cambios en la cartera, como la designación de una nueva subsecretaria de Acceso a la Justicia, lo que refuerza la idea de una reconfiguración integral de áreas estratégicas vinculadas al sistema judicial y de control estatal.

Desde una perspectiva política, la salida de Melik y la llegada de Zangaro se inscriben en una dinámica más amplia de ajustes en el gabinete, donde el Ejecutivo busca consolidar perfiles técnicos y redefinir el funcionamiento de organismos clave. Estas decisiones suelen responder tanto a necesidades operativas como a señales políticas en momentos de tensión institucional.

El episodio también reabre el debate sobre el rol de la Oficina Anticorrupción en la Argentina. A lo largo de los años, el organismo ha oscilado entre funciones preventivas y un rol más activo en investigaciones, lo que ha generado distintas interpretaciones sobre su alcance y autonomía.

En definitiva, el cambio en la conducción de la Oficina Anticorrupción no solo implica una sustitución de nombres, sino que se proyecta como parte de una redefinición más amplia del esquema de control estatal. El desafío para la nueva titular será consolidar la credibilidad del organismo en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se mantienen en el centro del debate público.